Agustín
A días de haberse conocido grabaciones ilegales sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. En la presentación judicial hablan de una “maniobra golpista”.
“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni a través de un mensaje en sus redes sociales. La denuncia sale cuando el Gobierno obtuvo información de que habría audios de más de un ministro para salir en los próximos días.
La comunicación del funcionario alude a los audios de Karina Milei que se conocieron el viernes pasado tras el escándalo desatado por las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.
“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.
En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.
Paranoia y denuncia de Casa Rosada
En el Gobierno consideraron que con esa revelación se cruzó un límite. “Fue un mensaje torpe, porque revelan algo que nada tiene que ver con el contenido de los otros, que también es falso. Pero además es un mensaje mafioso. Estamos seguros de que Karina no dijo nada incriminador. Lo que es seguro es que es gravísimo que alguien grabe con esas intenciones al interior de Casa Rosada”, agregó una altísima fuente oficial a Infobae.
La preocupación no era por el contenido, sino porque significaba que cualquiera pudo haber sido grabado en algún momento de los casi dos años de gestión. “Lo hicieron con la persona de mayor importancia en el Gobierno después del Presidente, mirá si no lo van a poder hacer con el resto”, reflexionaba un funcionario.
Altas esferas del Gobierno tienen la información de que habría audios de más ministros. Hay uno muy importante que iba a ser el centro de una nueva tirada de grabaciones en los próximos días. “A lo largo de todo este tiempo cualquiera pudo haber dicho cualquier cosa. Quieren generar paranoia, y en cierta manera lo están logrando”, agregó otro integrante de la Casa Rosada.
El hecho de que se grabara a la hermana presidencial generó un fortísimo escozor en las primeras líneas del Gobierno. Llevó a que se produzca una reunión a altas horas de la noche en Casa Rosada, que tuvo como integrantes a Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre otros. Los últimos detalles antes del anuncio fueron determinados este mediodía entre Adorni, integrantes del equipo de Caputo y el equipo de la Procuración del Tesoro, entre los que estaba su titular Santiago Castro Videla.
Qué dice la denuncia por espionaje
“Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”. Con esta afirmación, el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, bajo la firma de su Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, presentó una denuncia penal ante la justicia federal por la presunta producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
El documento, atribuido a Soto y presentado por indicación expresa de la ministra Patricia Bullrich, sostiene que los hechos denunciados constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.
La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, describe una maniobra que, según el Gobierno, busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
El escrito solicita como medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y circulación de los registros obtenidos, así como de cualquier otro elemento relacionado con la maniobra ilícita, “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”.
El documento atribuye una gravedad inusitada a la posibilidad de que parte de la operación se haya ejecutado en la Casa Rosada. “La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, para provocar este efecto electoral otorga a la maniobra una gravedad inusitada”, advierte el Ministerio. La denuncia sostiene que la utilización impune de conversaciones privadas de Milei por parte de una “organización criminal” constituye “una injerencia sin precedentes en la vida política del país”.
El Ministerio de Seguridad Nacional, en su presentación, describe la maniobra como una “operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. El texto enfatiza que no se trata de una filtración fortuita ni de un hecho espontáneo, sino de una secuencia ejecutada con una finalidad política y comunicacional, a través de prácticas prohibidas por la Ley 25.520. La denuncia señala que la maniobra se basa en grabaciones subrepticias, amplificadas luego a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa “elegidos deliberadamente para desacreditar al Gobierno”.
El escrito atribuye la difusión de los audios a un momento estratégico, coincidente con el tramo más álgido de la campaña electoral previa a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y a la disputa que antecede a los comicios nacionales del 26 de octubre. “El momento elegido, naturalmente, no es casual”, sostiene el Ministerio, que interpreta la elección de figuras emblemáticas del Gobierno como un intento de “enrarecer el clima preelectoral y generar violencia durante las apariciones públicas de los funcionarios espiados
