FRENTE A FRENTE.-El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, lleva adelante la averiguaciones necesarias a partir de la denuncia presentada por el director de la oficina de Anses de la ciudad de Metán, contra dos legisladores nacionales y un asesor político, por la presunta exigencia del pago de aportes partidarios como condición para mantener la designación en cargos políticos.
La denuncia fue formalizada el día 13 de junio, en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y motivó el inicio de la averiguación preliminar para determinar la sospecha o no de una conducta penal.
Todo fue destapado tras una grabación que se expuso en varios medios, originaria de FM Infinito, donde se revela un supuesto pedido sistemático de aportes económicos —calculados como un porcentaje de los sueldos— que recae sobre empleados relacionados al partido.
Los implicados del audio serían Achaval y Ricardo Ortega, quien cumpliría funciones como recaudador del espacio libertario, deja al descubierto el mecanismo. En el mismo exponen diferentes situaciones.
Achaval comenta que le había solicitado a “Alfredo” (por Olmedo) unos meses de gracia para no pagar los aportes, mientras Ortega responde que es él quien “cobra todo” y que el porcentaje solicitado es del 5%, cuando antes era del 10%. Nombran tambien a Achaval y a Gustavo Pantaleón —ex diputado provincial y referente local del espacio— como los únicos que no estaban cum-pliendo con los pagos.
Tambien se señala que “la casa de La Libertad Avanza” tiene gastos elevados, y que se necesitan reunir alrededor de $1.500.000 para afrontar el alquiler y otros costos. Finalmente, ante la consulta de Achaval sobre cómo transferir el dinero, Ortega ofrece dos opciones: llevarlo a la oficina o transferirlo a una cuenta del partido Ahora Patria, con el que LLA tiene alianza en Salta.
A partir de ahora, la fiscalia dispondria los pasos a seguir para investigar dicho caso.
Este martes 14 y miércoles 15 de octubre, el Registro Civil de Salta —dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos— continuará con los operativos de documentación en barrios de la Capital y del municipio de San Lorenzo.
Los alumnos inscriptos tomarán sus clases en la casa de altos estudios de lunes a viernes entre las 8 y las 19 hasta fin de año. El objetivo del municipio es formar conductores responsables. Por semana se atenderán alrededor de 30 estudiantes.
Un hombre fue demorado. El procedimiento fue ayer durante un control preventivo en avenida Artigas y Quevedo. Se detectó que el rodado tenia pedido de secuestro. Intervino la Fiscalía Penal 4.
Los puntos designados son los Centros Integradores Comunitarios de Asunción, Bicentenario, Sta. Cecilia y Solidaridad. En cada lugar habrá bingo, meriendas, clases de zumba, jornadas saludables, concursos de bailes y mucho más.
El juicio por el femicidio de Jimena Salas se reanudó hoy con la declaración de testigos de identidad reservada. Comparecieron seis personas.
El operativo se realizó en un predio descampado ubicado en cercanías a los barrios Ingenieros y Don Emilio. En el lugar había escombros, neumáticos fuera de uso y rollos de cartón. La Municipalidad y Bomberos de la Provincia trabajaron con apoyo de Aguas del Norte.
Un joven que realizaba tareas periodísticas en el centro de la ciudad fue abordado por un hombre que profería insultos y amenazas con un arma blanca.
El hombre está acusado de matar a su ex pareja y ex suegra y secuestrar a su hijo. Ahora, también se lo acusa de la desaparición del chofer.
El procedimiento se realizó cerca de las 09:30 de la mañana de este lunes, durante un control rutinario en el local “Súper Ana”. Según el parte oficial, al ingresar al área de la cámara frigorífica, los efectivos percibieron un fuerte olor nauseabundo, lo que derivó en la intervención inmediata del área de Bromatología.
Melody, de 14 años, murió tras recibir un disparo en medio de una pelea entre presuntas bandas opuestas.
Un hombre fue demorado. El procedimiento fue ayer durante un control preventivo en avenida Artigas y Quevedo. Se detectó que el rodado tenia pedido de secuestro. Intervino la Fiscalía Penal 4.
