FRENTE A FRENTE.-El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, lleva adelante la averiguaciones necesarias a partir de la denuncia presentada por el director de la oficina de Anses de la ciudad de Metán, contra dos legisladores nacionales y un asesor político, por la presunta exigencia del pago de aportes partidarios como condición para mantener la designación en cargos políticos.
La denuncia fue formalizada el día 13 de junio, en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y motivó el inicio de la averiguación preliminar para determinar la sospecha o no de una conducta penal.
Todo fue destapado tras una grabación que se expuso en varios medios, originaria de FM Infinito, donde se revela un supuesto pedido sistemático de aportes económicos —calculados como un porcentaje de los sueldos— que recae sobre empleados relacionados al partido.
Los implicados del audio serían Achaval y Ricardo Ortega, quien cumpliría funciones como recaudador del espacio libertario, deja al descubierto el mecanismo. En el mismo exponen diferentes situaciones.
Achaval comenta que le había solicitado a “Alfredo” (por Olmedo) unos meses de gracia para no pagar los aportes, mientras Ortega responde que es él quien “cobra todo” y que el porcentaje solicitado es del 5%, cuando antes era del 10%. Nombran tambien a Achaval y a Gustavo Pantaleón —ex diputado provincial y referente local del espacio— como los únicos que no estaban cum-pliendo con los pagos.
Tambien se señala que “la casa de La Libertad Avanza” tiene gastos elevados, y que se necesitan reunir alrededor de $1.500.000 para afrontar el alquiler y otros costos. Finalmente, ante la consulta de Achaval sobre cómo transferir el dinero, Ortega ofrece dos opciones: llevarlo a la oficina o transferirlo a una cuenta del partido Ahora Patria, con el que LLA tiene alianza en Salta.
A partir de ahora, la fiscalia dispondria los pasos a seguir para investigar dicho caso.
