
La fiscalía actúa sobre la empresa responsable de la fuga de gases tóxicos
Nicolás


En el marco de la audiencias multipropósito celebrada desde el pasado 27 de mayo en el Juzgado de Garantías de Segunda Nominación de Orán, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, requirió a la empresa President Petroleum S.A. y a la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia que informen y acrediten en forma fehaciente la existencia de la póliza de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
Este seguro constituye un instrumento legal indispensable para prevenir y responder frente a eventuales daños socioambientales derivados de actividades riesgosas, como la explotación de hidrocarburos. Dicha obligación está contemplada en la legislación nacional y en las reglamentaciones emitidas por la Superintendencia de Seguros y la Secretaría de Ambiente de la Nación.
En la audiencia de ayer, ante la consulta fiscal, la empresa manifestó contar con un “Seguro Técnico de Energía” emitido por Federación Patronal Seguros. Sin embargo, a entendimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, este instrumento no cubriría los riesgos ni respondería al objeto exigido por el SAO.
La Fiscalía considera inadmisible que, tratándose de una empresa dedicada a una de las actividades con mayor impacto potencial sobre el ambiente y la salud pública, no se haya acreditado hasta la fecha un seguro específico que garantice la reparación de los daños causados al entorno y a la comunidad. La responsabilidad empresarial no puede limitarse al lucro: debe estar acompañada por mecanismos concretos que aseguren la protección del interés colectivo.
Cabe destacar que desde el año 2009, la Provincia de Salta cuenta con la Unidad Provincial de Implementación de Sistemas de Manejo de Riesgos y Seguros Ambientales (UPISMA), creada para promover una cultura de prevención, responsabilidad y cobertura frente a los daños ambientales. El Ministerio Público Fiscal respalda firmemente esa visión y continuará impulsando todas las medidas necesarias para que las empresas cumplan con los estándares legales y ambientales exigibles.


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